De Castro y Vivas, dispuestos a pelear la autonomía de Ceuta y Melilla sin descartar convertirlas en Comunidades Autónomas

El presidente de Melilla ha informado este mediodía de las decisiones adoptadas tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra la integración en los Gobiernos de Ceuta y Melilla de personas que no sean diputados electos. Eduardo de Castro ha acordado con su homólogo ceutí, Juan Jesús Vivas, actuar de forma coordinada y ha comunicado sus decisiones a su equipo en un Consejo de Gobierno extraordinario urgente. Advierte que la sentencia reconoce la singularidad de ambas ciudades, pero que ambos trabajarán para determinar el alcance de sus estatutos al considerar que “nos jugamos la autonomía de Ceuta y Melilla”. De mutuo acuerdo, van a proponer la activación de la Comisión Técnica para el Desarrollo Autónomico de Ceuta y Melilla y la de la comisión Bilateral de Cooperación Estado-Ciudad, «dos comisiones que se hicieron en su momento y se dejaron aparcadas por el Gobierno anterior». Además, advierte, no descartan «estudiar la vía de la disposición transitoria quinta de la Constitución Española con la concurrencia de todos los partidos políticos y miembros de la Asamblea». Recurrir a esta disposición significa iniciar los trámites para la constitución de Ceuta y Melilla en Comunidades Autónomas, una vía muy compleja “de acceso a un Estatuto de Autonomía con plenas competencias” que no se ha usado nunca, pero a la que están dispuestos a llegar. De Castro recuerda que, en la sentencia, dos magistrados les reconocen el derecho a elegir a estos cargos sin necesidad de que sean electos, como corresponde a las comunidades autónomas y no pueden hacerlo los ayuntamientos. Si existe esta diferencia para las ciudades autónomas, están dispuestos a trabajar para eliminarlas.

 

Respecto a la posibilidad de recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, De Castro se muestra prudente y prefiere esperar a que los numerosos informes técnicos y jurídicos que ha encargado para la semana que viene constaten si hay una vulneración de derechos fundamentales que justifique el recurso.

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